Ayer despertamos con la noticia sobre un oficio presentado por la Procuraduría General de la Nación a la madre Inés Ayau, directora del Hogar Rafael Ayau, en el que se exige el desalojo de las instalaciones donde se alberga a un grupo de jóvenes que reciben formación académica, humana y espiritual.
En 1996, el grupo de religiosas aceptó la invitación del presidente Álvaro Arzú para hacerse cargo del centenario hogar Rafael Ayau, que había caído preso de las malas prácticas y los incentivos perversos de la burocracia gubernamental en administraciones anteriores. Desde entonces, el hogar pasó de ser un lugar lúgubre —lo que irónicamente llaman hoy, hogar seguro—, a ser un lugar donde reina la paz, la tranquilidad y la armonía; un lugar lleno de vida que sirve como lumbrera de formación para muchos jóvenes.
Hoy, este «Hogar Rafael Ayau» en la zona uno que es un lugar muy grande y un jardín en el centro, un pulmón, sigue siendo un lugar de caridad y misericordia. Actualmente allí viven los once varones adolescentes y los varones universitarios, con las personas responsables de ellos bajo mi supervisión. Allí tenemos la Primera Escuela Pública de Educación Especial que atiende ochenta niños. Allí está la Escuela Taller de la Municipalidad que atiende trescientos jóvenes en riesgo, fuera del sistema educativo formal y enseñan carpintería, construcción, electricidad, jardinería, herrería, forja, panadería, quesería, etc. Allí funciona la Universidad en Línea Rafael Ayau, también gratuita, el Colectivo Isla que maneja el Centro Cultural de exposiciones gratuito de arte de jóvenes artistas y becas para jóvenes artistas, la Asociación Pre-Hospitalaria de Guatemala y el Centro de Estudios Mayas Yuri Knorosov.
Como se podrán dar cuenta, el Hogar Rafael Ayau, hace mucho bien a nuestra sociedad; se mantiene con aportaciones libres y voluntarias de personas que creen en su labor, y que genuinamente quieren ayudar a su prójimo por medio de este tipo de iniciativas.
Lamentablemente, a un grupo de funcionarios públicos no les bastó con que producto de su negligencia y sus malas prácticas fallecieran calcinadas más de cuarenta niñas en circunstancias que aún no se logran esclarecer, sino que ahora pretenden dejar sin hogar a otro grupo de jóvenes guatemaltecos que reciben los frutos de la auténtica caridad, producto del libre albedrío y del amor por los demás.
Pareciera ser que se trata de una respuesta política ante la petición que dirigiera la madre Ayau para que reformaran la ley vigente de adopciones en un marco de protección a la dignidad humana que a la vez agilizará los procesos y pudieran así encontrar familias los menores desamparados en nuestro país.
Son muchas las ideas para reflexionar. ¿Será que estos niños estarán mejor bajo la tutela de un Estado ineficiente que llegó a mezclar menores en conflicto con la ley penal con niños abandonados por sus padres? ¿Será más loable la labor de un juez que abandonó su magistratura para tomar un cargo político para el cual no era idóneo o la de un grupo de religiosas que hacen auténtica caridad con su entrega al prójimo? ¿Por qué los funcionarios se empecinan con eliminar la auténtica solidaridad y con destruir lo bueno que encuentran en su camino?
Es inexplicable la animadversión de ciertas personas hacia las instituciones que fuera del marco estatal son más eficientes en las funciones que supuestamente le corresponden al mismo Estado. La labor de este pequeño grupo de monjas ortodoxas hace más bien a nuestra sociedad, que entidades públicas enteras que se alimentan de los impuestos de los ciudadanos.
Afortunadamente, el diputado Luis Pedro Álvarez facilitó una audiencia pública en el Congreso de la República para que la madre Inés pudiera exponer su parecer sobre las acciones estatales, en la que dijo «creo que estas instituciones se deben administrar de forma privada, con gente voluntaria… por favor no les hagan más daño a los niños, más del que ya les han hecho».
¿Qué pasaría si en lugar de un grupo de trabajadores estatales estos hogares fueran administrados por instituciones privadas, por gente que de forma libre y voluntaria quiera coadyuvar en la educación y el cuidado de los jóvenes? ¿Acaso no sería más eficiente?
Ojalá que la licenciada Anabella Morfín recapacite y vea el craso error que está cometiendo. Le doy el beneficio de la duda; espero que en el fondo tenga buenas intenciones y que realmente no dimensione las nefastas consecuencias de sus acciones para nuestra juventud, que pueda enmendar su error y desistir la acción que emprendió.
Apoyarse de un error de forma, en un mero formalismo jurídico, para tomar ventaja y emprender una venganza política contra quienes verdaderamente se esfuerzan día con día en la formación de quienes constituyen el futuro de nuestro país, es inmoral. No se podría tener paz sabiendo que se despojó a unos jóvenes de un hogar digno, para convertirlo de nuevo en un centro donde impere la negligencia, la ineficiencia y el descuido.
Este es un momento para que los cristianos alcemos la voz para condenar la muerte de los jóvenes en este tipo de lugares, exigir que se esclarezcan los hechos y se deduzcan responsabilidades, y para ayudar a los demás chicos en riesgo en la medida de nuestras posibilidades. Levantemos la voz para defender la labor de este grupo de religiosas, cuyas acciones diarias para ayudar al prójimo, se inspiran en nuestros valores y en nuestra fe.
Nuestros derechos individuales no son dádivas del Estado, ni de funcionario alguno. Nuestro derecho a la vida, la libertad y la propiedad son derechos naturales, dados por el autor y regidor del mundo. El respeto de la dignidad humana depende mucho nuestras acciones, para impedir que alguien violente nuestros derechos, o que quienes ostentan el poder político lo hagan. En este caso, proteger esta dignidad implica apoyar a quienes ayudan a los más desprotegidos, y tratar de evitar un error con graves consecuencias para la vida de muchos jóvenes.
San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, dijo «en las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; pero en todas, la caridad». No permitamos que funcionarios sin escrúpulos triunfen en su afán por destruir la bondad. Que siga floreciendo la genuina solidaridad, y prevalezca el respeto a la dignidad humana en nuestra sociedad.