Publicado en el blog del Instituto Acton en julio de 2023.
La politización del clero es un peligro que resurge periódicamente en nuestro país, con consecuencias que afectan negativamente no solo a la Iglesia sino a la sociedad en general. Por tal razón es importante recordar algunos principios en esta materia. Ante todo, se debe tener presente lo que dice al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica (n.2442): «No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos».
Esto no significa que los ministros de la Iglesia carezcan de toda responsabilidad en el campo político. Como enseña la Doctrina Social de la Iglesia, la política tiene una dimensión ética, referida al respeto de la dignidad de la persona y sus derechos, los valores que deben orientar el ejercicio de la autoridad política, el respeto de la autonomía de la sociedad civil comenzando por la familia, la justicia social que procura la eliminación de los privilegios y la igualdad efectiva de oportunidades, la adecuada garantía de la propiedad y su función social, etc. Los sacerdotes tienen a su cargo la tarea de formar en estos temas la conciencia de los laicos, a quienes corresponde en modo directo la misión de ordenar las realidades sociales a Dios en los distintos campos de su actividad.
En este sentido, recuerda San Juan Pablo II en una catequesis sobre este tema (28 de julio de 1993), que «la posición de los presbíteros respecto a la acción social y política no es idéntica a la del laico». Como Jesús, el sacerdote debe consagrarse al anuncio del Reino de los Cielos, renunciando a empeñarse en la política activa, sobre todo la partidista. La razón es clara: el sacerdote debe ser «un hombre de todos», mientras que «las opciones políticas son contingentes por naturaleza y no expresan nunca total, adecuada y perennemente el Evangelio». Esto no significa que el sacerdote no tenga el derecho a tener una opinión política personal y a ejercer en conciencia su derecho al voto, pero incluso este derecho a manifestar su opción está limitado por las exigencias de su ministerio sacerdotal, por lo cual a veces deberá abstenerse de su ejercicio para poder ser signo válido de unidad y, por tanto, anunciar el Evangelio en su plenitud.
Es cierto que, en circunstancias concretas y excepcionales en las que esté en juego el bien de la comunidad, un presbítero podría ejercitar «una función de ayuda y de suplencia» asumiendo un cargo político con permiso de la autoridad eclesiástica competente. Pero, señala Juan Pablo II: «Providencialmente el desarrollo político, constitucional y doctrinal moderno, va en otra dirección. La sociedad civil ha creado paulatinamente instituciones y medios para desempeñar sus funciones con autonomía». En todo caso, quienes debidamente autorizados ingresen en la actividad política «deben saber, en todo caso, que para ese empeño de acción y militancia política no tienen ni la misión ni el carisma de lo alto».
En nuestro país rige el sistema democrático, y los laicos están suficientemente preparados para gestionarlo. Es difícil imaginar una razón por la cual hoy los sacerdotes deban sustituirlos en su función propia, como no sea una mentalidad clerical, paternalista y anacrónica, condenada con tanta insistencia por el Papa Francisco. Por el contrario, concluye Juan Pablo II: los sacerdotes deben cultivar la «inteligencia espiritual» para «comprender y seguir, también en la dimensión política, el camino de la pobreza que Jesús nos enseñó».