Es innegable que la región latinoamericana afronta un retroceso democrático. Según el índice de democracia del 2022, publicado por The Economist, de 24 países que componen la región, únicamente tres (Chile, Costa Rica y Uruguay) poseen una democracia plena. Sumado a eso, por séptimo año consecutivo, la puntuación general de la región se redujo, lo cual se evidencia en que el informe coloque a cuatro países con regímenes autoritarios y ocho con regímenes híbridos1. 

En paralelo a este deterioro democrático, se manifiesta en Latinoamérica una desafección generalizada hacia los principios de la democracia representativa. El informe más reciente del Latinobarómetro (2023) indica que menos de la mitad de los latinoamericanos (48 %) prefieren la democracia como forma de gobierno. Agregado a ello, un 17 % prefiere un régimen autoritario y 28 % le da lo mismo cuál sea el régimen2. 

En medio de la frustración por la democracia y de la insatisfacción hacia el sistema político, los individuos son más propensos a brindar su apoyo a ciertas distorsiones del modelo democrático que, a su vez, pueden ser la base para el auge de populismos en la región. Una de estas deformaciones es la democracia delegativa. El concepto de democracia delegativa –DD– fue acuñado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en la década de los 90 para explicar el proceso de democratización en la región. En líneas generales, las democracias delegativas se basan en la idea de que el personaje que gana una elección presidencial tiene amplias facultades para gobernar y tomar decisiones según crea conveniente. 

Una característica importante es que bajo esta concepción de democracia, es deseable que el presidente no se vea obstaculizado por ciertas instituciones de control u otros órganos del estado, puesto que él y solo él representa de mejor forma los intereses de la población. O’Donnell fue muy enfático en el aspecto del cero control político, incluso afirmando que la DD es un tipo de democracia en donde la dimensión liberal es inexistente, prevaleciendo así una concepción más hobbesiana del poder3.

Ahora bien, mi premisa es que los populismos actuales aplican muchos de los principios que dan origen a la DD. Ello se puede comprobar en los discursos de ciertos políticos que buscan dividir a la población en dos bandos y autoidentificarse como representantes del pueblo. Ejemplo de ello son los casos de Pedro Castillo en Perú, Gustavo Petro en Colombia y Nayib Bukele en El Salvador.

Castillo, expresidente peruano, fue depuesto luego de intentar ejecutar un golpe de Estado mediante la disolución del Congreso. Frente a esto, sus simpatizantes exigieron por mucho tiempo que se restituyera su mandato. Para miles de peruanos, Castillo aún representaba los intereses “del pueblo”, a pesar de que fue acusado por parte de ciertas instituciones de control, previo a la crisis política de diciembre de 2022, de liderar una red criminal y de fraude en licitaciones públicas4. 

La administración de Petro, por otra parte, está más cerca de los viejos absolutismos que de un sistema de corte republicano5. Asimismo, la relación con los medios de comunicación, que muchas veces asumen el rol de fiscalizar y auditar las decisiones públicas, no es del todo buena. Petro se la pasa en redes sociales desacreditando a la prensa y afirmando que muchas de las noticias que se publican y que contienen una connotación negativa de su gobierno son falsas6. 

La guinda del pastel es Bukele, gobernante que se ha mostrado abiertamente en contra de los controles al poder político y la crítica de los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. Como buen autócrata, desde 2021 logró el control de básicamente los tres poderes del Estado7. Asimismo, su amplia popularidad y aprobación por parte de la población le ha servido de punto de apoyo para ridiculizar a periodistas e incluso legislar en contra de este gremio8. 

El que hoy en día se mantienen vestigios de las democracias delegativas en el continente, es síntoma de que la democracia liberal aún no se ha consolidado en las sociedades latinoamericanas. El resultado de ello es que no prevalezcan en el sistema político mecanismos republicanos de control político y métodos de fiscalización provenientes de la sociedad civil. En el largo plazo, puede ser el principio de un efecto dominó, en donde el político de turno modifique la constitución, se reelija, limite la disidencia de ideas y la pluralidad y finalmente instaure una dictadura. 

De allí la necesidad de promover los ajustes necesarios para que las democracias actuales no se basen únicamente en la lógica mayoritaria, sino que también partan de un enfoque liberal, en donde los límites al poder sean la norma y no la excepción. En tal sentido, es imperante reivindicar el concepto de democracia y otorgarle un significado distinto al que le proporcionan los políticos que quieren aprovecharse del apoyo popular. De lo contrario, se seguirán observando tales deformaciones de la democracia en la región, lo cual afectará, en el mediano y largo plazo, a la libertad en todas sus dimensiones.