Subestimamos los alcances que tiene el poder público hasta que vivimos inmersos en la incapacidad de elegir y ser bajo nuestras propias capacidades humanas. El Estado no solo coacciona al individuo de forma abrupta y violenta, sino que también interfiere en la libertad individual por medio de políticas de gobierno que se justifican con el objeto de alcanzar un bien común o defender el interés nacional.

En este sentido, no toda causa de hacer un bien común o contrarrestar un mal mayor es justificación para que los gobiernos decidan cómo administrar nuestra libertad como individuos. P. Aligica, P. Boettke y V. Tarko (2019) le llamarían a este fenómeno el —delirio sinóptico—, donde el Estado tiene el monopolio institucional de las soluciones a los problemas que solo ellos pueden ver de manera sinóptica. Bajo este enunciado, diríamos que el Estado es el único que puede solucionar nuestros problemas sociales porque tiene la excepcional legitimidad de entenderlo mejor, lo cual es totalmente falso.

No obstante, John Stuart Mill pensaría que la única razón por la que un Gobierno puede interferir en la libertad individual de una sociedad es para defender su propia libertad, y bajo presunciones generales. En todo caso, aquellos motivos que llevan a los gobiernos a interferir para procurar un bien o erradicar un mal, se consideran buenos motivos siempre que este busque convencer o persuadir al ciudadano antes de obligarlo, someterlo o coaccionarlo (Mill, 1972).

Por otro lado, Friedrich Hayek diría que las sociedades deben gobernarse bajo un orden espontáneo, donde los individuos, sin obligación sobre el actuar de su conducta o pensamiento, puedan coordinarse propiamente porque no son determinados por algún mandato que pueda devenir de un ente superior o del mismo gobierno (Hayek, 2014). Las acciones espontáneas son las que constantemente traen desarrollo e innovación para nuestras sociedades; en la medida que esto sea limitado, el peso de la conformidad y la costumbre terminará ahogando la espontaneidad en la que los hombres generan su creatividad de ser y de sus ideas.

Interminablemente podríamos seguir citando a varios autores que hablen sobre el peligro que conlleva la interferencia del poder público en la esfera privada de los individuos de una sociedad en cualquiera de sus justificaciones. Creíamos que en el siglo XXI sería un tema poco amenazante hasta que experimentamos los nuevos alcances de los gobiernos al enfrentar a la pandemia del covid-19. ¿Pero cómo controla socialmente el Estado el desarrollo de la espontaneidad individual?

Nuevamente los ejemplos serían interminables, pero la sociedad de Hong Kong atraviesa uno de sus peores momentos históricos en cuanto al autoritarismo del Gobierno chino contra la libertad individual.

Desde que los británicos cedieron el gobierno de Hong Kong a China (dado que Hong Kong fue una colonia de Gran Bretaña entre 1847-1997) a finales de los años noventa, estos se han enfrentado a una fuerza brutal de la China Continental por querer absorberlos dentro de su sistema político y económico. Desde entonces, los hongkoneses han protestado contra el gobierno chino por interferir en el desarrollo de su especial autonomía, donde pueden gozar de libertades democráticas y derechos humanos.

A diferencia de la China Continental, Hong Kong tiene un sistema democrático multipartidista —influenciado por los británicos— donde disfrutan de un sistema económico libre y pueden acceder a muchos servicios que no tendrían bajo el gobierno autoritario chino. El último intento fue en 2019 cuando el gobierno chino buscó promulgar una ley que le permitiría extraditar a presos hongkoneses a territorio chino. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos son opositores y activistas políticos que han peleado por defender la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos de la interferencia china.

Este acontecimiento llevó a una movilización de más de 2 millones de personas —de una población total de 7.5 millones— a protestar contra el objeto final de dicha ley: capturar a los que incomodaban al Gobierno Chino y llevarlos a un territorio donde podían silenciar totalmente la voz de protesta y disentir contra las políticas públicas coercitivas de Xi Jinping.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia de covid-19, el Gobierno chino se ha aferrado a la justificación que, bajo el objeto de proteger a los ciudadanos de contagios masivos, ha prohibido cualquier forma de movimiento social. Es decir, se ha limitado de varias formas la libertad de expresión; una medida que interfiere y coacciona la libertad individual de los hongkoneses en aras de «alcanzar un bien común o contrarrestar un mal mayor».

Pero Hong Kong no es el único ejemplo; incluso en nuestros países latinoamericanos han sido limitadas las protestas y el acceso a información pública de calidad en cuanto a las correctas medidas para enfrentar al covid-19. Además se conocen ciertos decretos o iniciativas de ley promulgadas que buscan extraer cuantas rentas públicas puedan. Pareciera que los gobiernos viven su peor momento con la llegada de la pandemia, pero sucede todo lo contrario, ha sido la mejor época para agrandar el aparato estatal y controlar más a la sociedad a través de «medidas justificadas».

Una vez que el Estado logra conducir a colectivos a través de medidas que se justifican por el bien común, los individuos comienzan a vivir en la costumbre y en la conformidad de no expresarse porque han cedido ciertas libertades a causa de un bien mayor. Hasta que un día, el hombre no podrá ser lo que sueña sino lo que le digan que debe ser. Y ahí habremos perdido nuestra libertad de elegir. Por lo que limitar el rol del Estado, sigue siendo una tarea importante.