Todos queremos justicia, pero no necesariamente queremos igualdad. Justicia es que nos den lo que nos deben, lo que nos corresponde; la igualdad puede ser igualdad económica, de talentos, de oportunidades… Si nos propusieran igualar nuestros ingresos al de un ministro de gobierno, probablemente todos aceptaríamos el trato; pero, ¿no se estaría con ello violando la justicia? Claro: cuando nos conviene tendemos a decir que no. ¿Y si la propuesta fuere nivelar nuestros ingresos al de un garitero? Seguramente muchos protestarían, alegando que su trabajo vale más, que no es justo, etc.
Esto nos hace pensar que si todos recibimos el mismo salario, ¿quién se motivaría a trabajar más duro para mejorar su situación? La justicia exige que todos reciban lo que se merecen, pero no necesariamente que todos reciban lo mismo.
¿Se puede hablar de «igualdad de oportunidades»? Claro: todos, independientemente de nuestra idiosincrasia (si somos hombres o mujeres, de tal o cual etnia, pobres o ricos, etc.), deberíamos tener el mismo derecho a comprar una casa, por ejemplo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la justicia. Es decir, no porque tengo el mismo derecho que mi vecino a comprar una casa, voy necesariamente a adquirir una casa. Si mi vecino tiene trescientos mil quetzales, podrá comprar la casa inmediatamente; si yo no tengo más que cincuenta mil, tendré que solicitar un plan de crédito.
¿Y qué pensar de la igualdad de derechos? Allí sí: está claro que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos que nos garantiza la constitución política de Guatemala. Pero, ¿cuáles son esos derechos? De manera inmediata, podemos pensar en los llamados «derechos de primera generación», que son la vida, la propiedad y la libertad. Desde luego, podemos perder esos derechos. A un delincuente juzgado y condenado, normalmente se le priva de la libertad. En el caso de la propiedad privada, existe la confiscación de bienes decretada por un tribunal; también la vida se puede perder, en el caso de las condenas a muerte.
Sin embargo, hay otros derechos que se conocen como «derechos de segunda generación». Estos son los derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la cultura, a la información, etc. Son más difíciles de garantizar que los derechos de primera generación, ya que implican una mayor inversión de recursos por parte del Estado. Aún así, estos derechos también deben ser respetados para garantizar una vida digna para todos los ciudadanos. La justicia exige que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a disfrutar de estos derechos, aunque la igualdad no necesariamente sea el objetivo.
Hay quienes se oponen a los derechos de segunda generación, alegando que implican quitarle a unos para darle a otros, por la vía de los impuestos. Por ejemplo, el derecho a la salud implica que el Estado sostenga toda una red de hospitales y clínicas para ofrecer gratuitamente a todos los ciudadanos los tratamientos de salud que necesiten. Pero el Estado no produce dinero, así que ¿de dónde sale ese dinero para mantener los hospitales? De los impuestos, claro está. Y los impuestos implican redistribución de la riqueza: quitarle a unos para darle a otros. Algunos piensan que eso no es justo. Otros, alegan motivos utilitaristas; es decir, a ningún patrono le conviene tener empleados enfermos, que no puedan trabajar. Entonces, en aras de su conveniencia (y la del empleado), lo manda al IGSS.
La igualdad es un tema complejo, que plantea muchas preguntas. ¿Cómo se puede lograr una igualdad que no viole la justicia? ¿Es necesario que todos reciban lo mismo para lograr la igualdad? ¿Cómo se puede garantizar los derechos de segunda generación sin recurrir a los impuestos? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para lograr una sociedad justa y equitativa.