La crisis política que Guatemala atravesó en 2023 motivó una renovada reflexión sobre la democracia. Los miembros del Instituto Fe y Libertad no han sido ajenos a esta importante discusión, sumando distintas perspectivas que nutren el necesario debate sobre la democracia y las opciones políticas.1 

En este como en otros temas, encuentro inspiración en el pensamiento de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que veía la democracia como uno de «los auténticos valores de la cultura de nuestro tiempo», que los cristianos «reconocen y acogen de buen grado» (Benedicto XVI, 2006c). Abordó el tema en varias intervenciones que estimo valioso recopilar, agregando algunos apuntes que lleven la reflexión al ámbito local. Como hilo conductor, tomemos los que Ratzinger llamó «principios indispensables de toda democracia civil moderna» (Benedicto XVI, 2009a). 

«El respeto y la promoción de los derechos humanos»

Una preocupación constante en algunos ámbitos es la identificación de la democracia con ‘tiranía de la mayoría’, enfatizando la necesidad de resguardar los derechos individuales y la libertad. 

Con frecuencia se evoca la distinción que hiciera James Madison en El Federalista, n.° 10. En ese ensayo, Madison define una democracia pura como «una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno», contrapuesto a una república, entendida como «un gobierno en que tiene efecto el sistema de la representación» (Hamilton, Madison y Jay, 1788, p. 49). Se distingue de esta última porque en una república «se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto», por lo que «la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio» (p. 49).

Madison entiende que una república funciona mejor que una democracia para controlar los efectos nocivos de la lucha de facciones, siendo que la existencia de facciones es inevitable en la libertad. Define facción como cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto. (Hamilton, Madison y Jay, 1788, p. 47) 

Los problemas que un gobierno republicano (electoral representativo) busca solucionar no provienen, pues, solo de las mayorías, sino también de minorías que promueven intereses contrarios a los derechos ajenos o al bien común. 

Esto entraña dos reflexiones importantes para nuestra época. Primero, la noción contemporánea de democracia es republicana en cuanto conlleva la garantía de los derechos de sus habitantes. En efecto, Benedicto XVI lo enuncia como el primero de los «principios indispensables», pero también se confirma en fuentes jurídicas como la Carta Democrática Interamericana,2 la Carta de las Naciones Unidas,3 y la propia Constitución Política de la República de Guatemala.4 Si bien existe debate sobre los alcances, la naturaleza y la interrelación de los derechos —Benedicto XVI ofreció una reflexión importante al respecto con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos—,5 lo cierto es que la democracia contemporánea, representativa, republicana, no se concibe meramente como un método de elección o de toma de decisiones —al que también se refirió Ratzinger en una célebre intervención ante el Parlamento alemán—,6 sino como un sistema orientado, ante todo, a tutelar los derechos de sus habitantes. 

Por otro lado, en Guatemala el problema del faccionalismo no se da solo en las maneras que Madison tendría en mente. Se da también en el poder que ejercen grupos de interés formalmente, con base en leyes que dan formas de participación oficial, directa, a sectores como las universidades (especialmente, pero no solo, la universidad pública), las cámaras empresariales, los gremios profesionales (especialmente, pero no solo, el de abogados), los sindicatos, y otros. Así, el faccionalismo, cuyo antídoto Madison veía en el gobierno republicano, parece ser en Guatemala más de minorías que de mayorías. 

Lo republicano y democrático implica, entonces, hallar maneras de garantizar los derechos de todos y promover el bien común más allá de intereses sectoriales minoritarios. 

«Un gobierno transparente»

La transparencia en el gobierno abarca a todos los poderes e instituciones del Estado. En Guatemala, la opacidad del poder público se vincula principalmente con el problema de la corrupción, pero, aun cuando esta no existiera, o fuera mínima, la transparencia seguiría siendo un valor fundamental, pues permite a la ciudadanía conocer cómo operan las personas en quienes se ha delegado el poder. 

Estamos acostumbrados, en nuestro medio, a pensar que la auditoría social responde a que los funcionarios y empleados públicos hacen mal su trabajo o, peor aún, son corruptos. Esto, sin duda, es algo que no podemos perder de vista. Pero una democracia de calidad aspira a que las decisiones públicas se tomen de la mejor manera posible, en varios sentidos. Así, la transparencia también cumple funciones como legitimar las decisiones ante la sociedad, explicando por qué se han tomado, facilitando la crítica, orientando futuras opciones del electorado, etc. 

«Una magistratura independiente»

«Es importante garantizar a todos el acceso equitativo a una justicia independiente y transparente, capaz de luchar de modo eficaz contra los que no respetan el bien común y manipulan las leyes en provecho propio» (Benedicto XVI, 2007b). El apoyo a un sistema judicial independiente e imparcial es uno de «los principios enraizados en el corazón de toda democracia» (Benedicto XVI, 2008c).

La independencia judicial ha sido uno de los temas más controvertidos en el país durante la última década, desde todos los extremos del espectro político e ideológico, por diversas razones, con mayor o menor seriedad o razón. Sin duda hay casos, temas, personajes o épocas que vienen a la mente más que otros, y las perspectivas sobre cada uno son múltiples, pero, en general, podemos coincidir en que el sistema de justicia en Guatemala (que abarca varias instituciones, no solamente el Organismo Judicial, ni solo el ámbito penal) dista mucho de inspirar confianza en la población.

En años y meses recientes hemos visto cómo esto puede generar crisis políticas de dimensiones nacionales e internacionales, pero también es algo que toca el día a día de la ciudadanía común, que necesita acceder a la administración de justicia en casos cotidianos en materia civil, mercantil, laboral o de familia. 

La garantía de los derechos, la administración de justicia, es uno de los principales roles del Estado, una de las funciones que constituyen la misma razón de ser de un orden político, en que están de acuerdo distintas corrientes filosóficas más allá de sus discrepancias en otros temas. Si el habitante común no puede confiar en que el Estado resuelva sus conflictos y peticiones de manera pronta e imparcial, ese Estado poco merece llamarse tal.

La mejora del sector justicia requiere un abordaje integral y complejo. Pero uno de sus componentes es la reforma constitucional, tema que de por sí suscita acalorado debate, en que la polarización y la desinformación nada ayudan. Ser capaces de tratar estos temas con madurez cívica es, quizá, el reto más urgente para la Guatemala de nuestros días. 

«Una comunicación social libre»

Para Benedicto XVI, «aunque los diversos instrumentos de comunicación social facilitan el intercambio de información, ideas y entendimiento mutuo entre grupos, también están teñidos de ambigüedad», por lo que «deben fomentarse siempre el reporte preciso de los eventos, la explicación completa de los hechos de interés público y la presentación justa de diversos puntos de vista» (Benedicto XVI, 2006a). 

Los autoritarismos no pueden sobrevivir donde existe libre circulación de información y de ideas. Por eso se ocupan en silenciar la disidencia, la investigación, el cuestionamiento, la labor periodística, intelectual y académica. Esto lo hacen de diversas maneras, incluyendo la asfixia económica, el cierre de espacios, el acoso, la amenaza, la criminalización o la muerte. Las redes sociales favorecen esa libre circulación, pero también generan nuevos retos en materia de veracidad, discernimiento y pensamiento crítico. 

Guatemala necesita redescubrir el valor de la verdad, sin la cual la libertad y la justicia son insostenibles: «La democracia sólo tiene éxito si se basa en la verdad y en una correcta comprensión de la persona humana», afirmaba Benedicto XVI (2006b). La comunicación social debe ser libre y contribuir a la indagación de la verdad. 

Respetar la legítima divergencia de criterios y opiniones en asuntos complejos es, también, un valor fundamental y democrático, que suele brillar por su escasez en nuestros tiempos. Pero tampoco es lo mismo que admitir la manipulación y la mentira. Esto es algo particularmente difícil de discernir en las sociedades contemporáneas, y Guatemala no es la excepción. Ese discernimiento requiere un continuo y honesto autoexamen, no solo intelectual, sino espiritual. 

«Una administración honesta»

En Guatemala, la administración pública comprende no solo al gobierno central u Organismo Ejecutivo, sino también a las municipalidades y a las entidades descentralizadas y autónomas. La honestidad guarda relación con otros principios de esta lista, como la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero se ubica, además, en una concepción más amplia de la función pública como servicio. 

Sobre esa línea, Benedicto XVI (2012), inspirándose en san Ambrosio —quien antes de obispo fue gobernador de dos provincias—, se refirió a «algunos principios, por los que [san Ambrosio] se regía y que siguen siendo valiosos para quienes están llamados a la administración pública»:

• «Ningún poder del hombre puede considerarse divino; por tanto, ningún hombre es amo de otro hombre».

• «La primera cualidad de quien gobierna es la justicia, virtud pública por excelencia, porque atañe al bien de toda la comunidad».

• «Sin embargo, la justicia no basta. San Ambrosio la acompaña con otra cualidad: el amor a la libertad, que él considera elemento decisivo para distinguir a los buenos gobernantes de los malos . . . . La libertad no es un privilegio para algunos, sino un derecho de todos, un valioso derecho que el poder civil debe garantizar».

• «La libertad no significa arbitrio del individuo; más bien, implica la responsabilidad de cada uno. Aquí se encuentra uno de los principales elementos de la laicidad del Estado: asegurar la libertad para que todos puedan proponer su visión de la vida común, pero siempre en el respeto de los demás y en el contexto de las leyes que miran al bien de todos».

• Las leyes del Estado «deben encontrar justificación y fuerza en la ley natural, que es fundamento de un orden adecuado a la dignidad de la persona humana, superando una concepción meramente positivista».

• «Teniendo en cuenta que el Estado existe para los ciudadanos resulta muy valiosa una colaboración constructiva con la Iglesia, sin duda no por una confusión de las finalidades y de las funciones diversas y distintas del poder civil y de la Iglesia misma, sino por la aportación que ella ha dado y todavía puede dar a la sociedad con su experiencia, su doctrina, su tradición, sus instituciones y sus obras, con las que se ha puesto al servicio del pueblo».

• «A quienes quieren colaborar en el gobierno y en la administración pública san Ambrosio les pide que se hagan amar . . . . la razón que a su vez mueve y estimula vuestra activa y laboriosa presencia en los distintos ámbitos de la vida pública no puede menos de ser la voluntad de dedicaros al bien de los ciudadanos, y, por tanto, una expresión clara y un signo evidente de amor. Así, la política se ennoblece profundamente, convirtiéndose en una forma elevada de caridad».

La política como forma elevada de caridad es una concepción que muestra, no solo el altísimo valor humano que la función pública está llamada a tener, sino su profundo sentido vocacional, santificante, para el individuo cristiano en comunidad.

«Una red de escuelas y hospitales que funcionen de manera adecuada»

«La educación es condición indispensable para el funcionamiento de la democracia, para la lucha contra la corrupción, para el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales, y para la recuperación efectiva de todos los Estados» (Benedicto XVI, 2009b).

La salud y la educación, junto a la seguridad y la justicia, son de los bienes o servicios públicos más fundamentales a cuya provisión se orientan las democracias contemporáneas. Desde luego, en términos económicos existe una distinción importante entre un bien público (la seguridad, por ejemplo) y un servicio, como sería la atención médica o educativa. Por eso surgen importantes diferencias de opinión sobre el rol que el Estado debería tener en ellos.

Según Ratzinger, 

la democracia está llamada a tener en cuenta las aspiraciones del conjunto de los ciudadanos, a promover el desarrollo en el respeto de todos los miembros de la sociedad, según los principios de la solidaridad, de la subsidiariedad y de la justicia. (Benedicto XVI, 2007a)

Estos principios son básicos en la Doctrina Social de la Iglesia,7 aunque sus concreciones prácticas pueden ser muy variadas.

Una posible postura al respecto —no la única, ni siquiera entre las opiniones de similar tendencia ideológica— es la que plantea Friedrich Hayek en el capítulo 19 de Los fundamentos de la libertad, en temas de previsión y seguridad social a favor de quienes, por circunstancias más allá de su control, se ven amenazados por los extremos de la indigencia y del hambre. En líneas generales, esto es compatible con los principios de solidaridad y subsidiariedad, aunque no agota sus posibilidades. Otra postura es la que promueve la llamada economía social de mercado, que suele sintetizarse en la máxima «tanto mercado cuanto sea posible, tanto Estado cuanto sea necesario». Esta es, en general, la orientación que inspira el orden constitucional guatemalteco y los Acuerdos de Paz.8

El debate teórico sobre el rol del Estado en la provisión de servicios educativos y de salud, la discusión filosófica sobre si tienen o no naturaleza de derechos, está, en cierto sentido, superado en el marco jurídico vigente. Su concreción práctica, en cambio, siempre requiere debate, innovación y mejora. Tanto los procesos democráticos y de participación cívica, como la innovación y creatividad empresarial, tienen un campo de acción amplio e importantísimo en estos temas.

«La firme determinación, arraigada en la conversión del corazón, de romper de una vez por todas con la corrupción»

Para Benedicto XVI (2007c), la corrupción, junto al egoísmo personal y colectivo, impiden toda forma de progreso. Erradicar la corrupción y demás formas de actividad criminal es un principio enraizado en el corazón de la democracia (Benedicto XVI, 2008c). 

La lucha contra la corrupción ha sido un tema central en nuestra época, especialmente desde los eventos de 2015. Si bien es cierto que, como toda problemática social, el tema de la corrupción no es inmune a la instrumentalización, a minimizar o exagerar sus dimensiones en atención a diversos intereses personales o sectoriales, también lo es que constituye un problema evidente y urgente para el país que afecta a todos los sectores, incluyendo el mundo académico. 

En la visión de Ratzinger, una «verdadera democracia» tiene por sumo bien la paz, que supone la justicia, la libertad y el orden (Benedicto XVI, 2005). A su vez, 

la consecución de la paz . . . requiere la promoción de una auténtica cultura de la vida, que respete la dignidad del ser humano en plenitud, unida al fortalecimiento de la familia como célula básica de la sociedad. Requiere también la lucha contra la pobreza y la corrupción, el acceso a una educación de calidad para todos, un crecimiento económico solidario, la consolidación de la democracia y la erradicación de la violencia y la explotación, especialmente contra las mujeres y los niños. (Benedicto XVI, 2009c).

Vale la pena meditar sobre los profundos valores a que nos invita con esta afirmación: 

La defensa de la libertad es una llamada a cultivar la virtud, la autodisciplina, el sacrificio por el bien común y un sentido de responsabilidad ante los menos afortunados. Además, exige el valor de empeñarse en la vida civil, llevando las propias creencias religiosas y los valores más profundos a un debate público razonable. (Benedicto XVI, 2008a)

Por último, qué mejor cierre que unas palabras que Benedicto XVI (2010) dirigió específicamente a Guatemala: 

Deseo manifestar también mi reconocimiento por las acciones que se están llevando a cabo en Guatemala para consolidar las garantías de un verdadero Estado de derecho. Este proceso ha de ir acompañado por una firme determinación, que nace de la conversión personal del corazón, de eliminar cualquier forma de corrupción en las instituciones y administraciones públicas y de reformar la justicia, para aplicar justamente las leyes y erradicar la sensación de impunidad con respecto a quienes ejercen cualquier tipo de violencia o desprecian los derechos humanos más esenciales. Esta labor de fortalecimiento democrático y de estabilidad política ha de ser constante, y es imprescindible para poder avanzar en un verdadero desarrollo integral de la persona, que repercuta de manera positiva en todos los ámbitos de la sociedad, ya sea el económico, cultural, político, territorial o religioso.