Enviado para publicación a Contra Poder
Las reglas del juego importan: las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no están generando los resultados anhelados.
En aproximadamente 19 semanas se realizarán las elecciones generales en Guatemala. Es probable que ningún candidato a presidente obtenga mayoría absoluta el 16 de junio, debido a la abundancia de partidos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo cual se celebrará la segunda vuelta el 11 de agosto. Oficialmente, la campaña electoral arranca el 18 de marzo: tenemos escasos tres meses para conocer la oferta política.
La incertidumbre rodea este evento, no solo por la brevedad de los plazos, sino porque nuevas reglas del juego que se ponen a prueba por primera vez. Tan recientemente como diciembre de 2018, el pleno del Congreso conoció la Iniciativa 5534 para normar la participación en las elecciones a los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos contenidas en el decreto 26-2016 ponen énfasis en regular el financiamiento de la actividad partidista para evitar una indebida influencia del dinero sucio. Además, el decreto intentó eliminar el transfuguismo, dar voz al voto nulo, y controlar rigurosamente la propaganda y las tarifas publicitarias. Hasta prohíbe a los políticos vestir el color de su partido o emplearlo en su papelería. Cuando se discutieron las reformas, vimos con buenos ojos la intención de transparentar las finanzas, crear un entorno justo, y mejorar la representatividad de los diputados.
No es lo mismo verla venir que bailar con ella: hoy notamos que unas disposiciones son prácticamente imposibles de hacer valer y otras asignan amplia discrecionalidad a funcionarios del TSE. Debido a las restricciones de publicidad, los partidos que compitieron en elecciones pasadas llevan las de ganar. Las caras nuevas, que son las más, la tienen cuesta arriba. Los ciudadanos tenemos miedo hasta de donar un refresco o un tostador a un partido, no vaya a ser que se catalogue como financiamiento ilícito.
Quizás algunos tenían la expectativa de transformar a los políticos o al proceso electoral en algo que no pueden ser. A muchos les desagrada la realidad del mercado político, pero es que por definición los políticos pasan el sombrero, persiguen afiliados, se publicitan, hacen promesas y alianzas, apelan a las emociones y maximizan votos. La ciudadanía no sale ganando metiéndolos en una camisa de fuerza.
Al contrario, la libre competencia y la transparencia van de la mano. Deberíamos dejar que los partidos elijan por qué puestos van a concursar. Si saben que no tienen chance de alcanzar la presidencia y vicepresidencia, no los obliguemos a gastar limitados recursos en esa carrera. Podríamos tener partidos regionales o municipales, además de nacionales. Que ellos decidan si se anuncian en medios escritos, vallas, o redes sociales, y con qué intensidad. Si un medio de comunicación quiere endosar a un partido político, que lo diga abiertamente. Si algún loco dispone arrancar su campaña el día después de juramentado el nuevo presidente, que tome el riesgo. Los políticos saben que si nos exasperan o antagonizan, saturándonos con su politiquería, les afectará adversamente en la urna.
Un proceso electoral libre y justo no es sinónimo de un proceso electoral donde todos los partidos tienen idéntico tiempo al aire, idéntico número de mítines y vallas, alta participación de mujeres y etnias en sus filas u otras restricciones cuyo fin es homogeneizar y encajonar a los partidos. Sí: todos los corredores tienen que jugar bajo las mismas reglas del juego, y estas se deben hacer valer. Sin embargo, la composición, tamaño, capacidad de recaudación, estrategia y plataforma ideológica de los partidos puede y debe variar.