Escribo estas líneas en España, donde estamos viviendo una muy preocupante crisis migratoria con varios miles de personas atravesando el Mediterráneo (desde el norte del Magreb) o el Atlántico (aquí predominan los de raza negra, que provienen del África subsahariana). La capacidad de acogida, por ejemplo, en las pequeñas Islas Canarias, está resultando desbordada por el número y las características de los emigrantes: bastantes son menores de edad que requieren de un especial cuidado en su tutela.

Saben también que esta circunstancia lleva años ocurriendo en una Europa instalada en el bienestar, en el buenismo y en lo políticamente correcto. Es muy difícil hablar sobre los problemas de la emigración sin acusaciones de xenofobia, ultraderechismo, etc. Se trata de un problema que incide en los partidos políticos, sus mensajes y sus resultados electorales: véase el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia.

Pero no les ofreceré ninguna reflexión política, sino varias consideraciones desde una sensibilidad cristiana por los que sufren ese tremendo drama de la emigración, matizada, a la vez, por el sentido común y el realismo práctico. Déjenme que, al contrario, les ponga el ejemplo de una antigua Consejería valenciana del Partido Socialista (lo equivalente a un ministerio en las comunidades autónomas españolas), que se titulaba ‘Sanidad Universal y salud pública’… ¡Como si fuera posible atender desde Valencia a todo el mundo!

Hace tiempo que el papa Francisco también ha expresado varias opiniones sobre este problema (que años atrás, cuando la guerra de Siria, afectó muy particularmente a Italia). Ha viajado a la isla de Lampedusa (la más cercana a la costa africana). Incluso, ha introducido en la letanía del rosario una nueva advocación a la Virgen: Solacium migrantium (consuelo de los migrantes). 

Ahora bien, católicos y no católicos dudan sobre la oportunidad y eficacia de ciertas actitudes que, como digo arriba, se comprende que pueden surgir de posturas bienintencionadas para ayudar a los que sufren… Pero ¿son verdaderamente eficaces?

Volviendo a España, les contaré que hace unos meses se presentó en el Parlamento una iniciativa popular para regularizar a 500 000 inmigrantes ilegales. Entre los firmantes, con un espectro ideológico diverso, hay varias organizaciones cercanas a la Iglesia católica e incluso con alguna dependencia institucional. Vuelvo a reconocer esa lógica y necesaria preocupación por el bienestar de los necesitados, el progreso económico, la libertad o el reconocimiento de los derechos humanos (cabe destacar la reciente Declaración «Dignitas infinita» del Dicasterio para la Doctrina de la Fe como un ejemplo del compromiso de la Iglesia con la dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios).

Efectivamente, la Escritura nos recuerda que todos somos emigrantes: «Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa» Dt 26, 5.

Además, el mensaje evangélico proclama que todos somos hermanos; por lo que debemos acogernos unos a otros, compartir los bienes, mostrar hospitalidad con los que viajan, etc. Pero a este argumento creo necesario añadirle dos cautelas:

1. La prudencia: ¿Es posible mantener categóricamente esa política social? Copio un párrafo del sacerdote José María Méndez, publicado en El Imparcial (martes 16 de abril de 2024):

«Un ejemplo de esta necesidad de la Prudencia lo tenemos en la actual presión migratoria que sufren Italia, Grecia y España. Estos países no pueden oponerse en teoría a que los magrebíes quieran venir. Tienen derecho a mejorar su nivel de vida. Mucho más, si van a trabajar en lo que los europeos no queremos ya hacer. Pero en la práctica, la emigración masiva e incontrolada es inasumible. La prudencia es más que nunca necesaria para encontrar el deseable equilibrio entre teoría y práctica en esta tan peliaguda cuestión». (1)

Y añado más preguntas: ¿Podemos asumir la integración de todos los emigrantes en los sistemas político-económicos del Estado del bienestar? Porque alguien tendrá que pagar la sanidad, la educación, sus derechos sociales, etc. ¿Es ello justo respecto a los ciudadanos «normales» que sostienen esta economía con sus impuestos? Aquí no parecería exagerado consultarles, pedirles su consentimiento antes de asumir esos gastos.

2. Pero es que, además, estamos hablando de emigración en su mayoría «irregular», distinta de la legal. Ello tiene graves inconvenientes, como las numerosas y dramáticas muertes durante los viajes por el mar o el desierto; la proliferación de mafias, señores de la guerra o narcotraficantes que aprovechan estas circunstancias para lucrarse, con un insoportable desprecio por la vida de los emigrantes. ¿No sería mejor insistir en la búsqueda de acuerdos de transferencia de mano de obra con los países de origen?

Adicionalmente, es preciso denunciar la falta de moralidad en muchos Gobiernos corruptos, autoritarios o fundamentalistas de los países de origen. Cierto que, en esos casos, cabe plantearse la acogida de refugiados por persecución política, religiosa, ideológica, etc. Pero ¿es igualmente extensible a los que huyen por el hambre y la desesperación ocasionada por esos pésimos gobernantes?

Tal vez, desde Europa, se debería exigir que se respeten los acuerdos de extradición, o tener un mayor control sobre posibles terroristas (ya sé que no es algo frecuente) que se infiltran por esos circuitos. Sin olvidar el peligroso «efecto llamada» de algunas políticas buenistas que objetivamente resultan un reclamo, un incentivo para aumentar el número de emigrantes.

Termino copiándoles qué dice el magisterio de la Iglesia católica: primero, a través del Compendio de Doctrina Social, y luego del Catecismo. Lean con atención, por favor, el último párrafo de este, que nos recuerda las obligaciones que tienen los emigrantes respecto a los países de acogida.

COMPENDIO DE DSI: SEGUNDA PARTE. CAPÍTULO SEXTO 

IV DERECHO AL TRABAJO

f) La emigración y el trabajo

297 La inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo. 

En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y países pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente las distancias, crece la emigración de personas en busca de mejores condiciones de vida, procedentes de las zonas menos favorecidas de la tierra; su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar, alcanzados gracias a decenios de crecimiento económico. Los inmigrantes, sin embargo, en la mayoría de los casos, responden a un requerimiento en la esfera del trabajo que de otra forma quedaría insatisfecho, en sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no está dispuesta a aportar su contribución laboral.

298 Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales, que deben ser asegurados a todos sin discriminaciones. 

La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio: es una de las condiciones indispensables para conseguir que la inserción se realice con las garantías que exige la dignidad de la persona humana. Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto personas y ayudados, junto con sus familias, a integrarse en la

vida social. En este sentido, se ha de respetar y promover el derecho a la reunión de sus familias. Al mismo tiempo, en la medida de lo posible, han de favorecerse todas aquellas condiciones que permiten mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. LA VIDA EN CRISTO. CUARTO MANDAMIENTO

2241 Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben.

Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas.