La palabra lawfare proviene de la combinación de dos palabras del inglés: law y warfare. Traducidas, la primera se refiere a la ley y la segunda a la guerra. Si se tradujera lawfare sería «guerra legal», pero esa traducción aporta poco al entender su significado. Por ello, es necesario decir que el lawfare es un enfrentamiento de enemigos ideológicos cuyo combate se lleva a cabo en el sistema de justicia, buscando manipular la opinión pública, así como la ley, para obtener una condena injusta o la muerte civil del acusado.

Una característica del lawfare es que no necesariamente persigue una sentencia, siendo el proceso en sí mismo el medio para destruir al enemigo. Otra característica es que el objetivo no es la justicia sino la destrucción del contrario, lo cual deja precedentes perniciosos que indirectamente dañan a todo el conjunto social. 

La principal característica que toma el lawfare de la ley, es el uso coercitivo que se presenta como justificado para hacer uso de la fuerza del Estado en contra del particular. El lawfare comparte con el warfare que, en el enfrentamiento entre bandos opuestos, la población civil es la principalmente dañada, quedando indefensa y en medio del combate. 

El lawfare es una de las prácticas más despiadadas al margen de una guerra abierta o de guerrillas, porque toma todos los elementos negativos de la guerra y los combina con la destrucción de los buenos fines de los sistemas de justicia. Aprovecha el deseo de justicia y lo manipula para servir a los fines del banco que ostenta el poder, queriendo dar una apariencia de limpieza, justicia e incluso heroísmo. El lawfare nunca sirve a los fines de justicia, de paz o de desarrollo democrático y republicano, sino erosiona todo ello y principalmente la certeza jurídica, pues el proceso tergiversa las leyes para, fraudulenta y voluntariamente, darles un significado erróneo. 

La clave para erradicar la práctica del lawfare es el fortalecimiento de los jueces y del sistema de justicia nacional, principalmente fortaleciendo el sistema de precedentes judiciales, el cual ha demostrado ser una fuente confiable de certeza jurídica. Todo ello con la creación de normas claras, generales, impersonales y con una complementariedad que considere el resto del sistema jurídico, buscando resolver fuentes de conflicto y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. 

Los jueces están obligados a ser los contralores de los procesos judiciales y del actuar de todos los auxiliares del sistema de justicia, tal y como lo es el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, etc. 

El lawfare es una práctica instalada en Guatemala que tiene lo que yo llamo un movimiento pendular, motivado por la venganza y la destrucción entre enemigos ideológicos. Con ello lo que se quiere evidenciar es que a lo largo de los últimos años o décadas, se ha visto que las instituciones que conforman el sector justicia han sido utilizadas para lograr los fines propios del lawfare: la destrucción y condena de los contrincantes y la muerte física o civil del acusado. 

Por último, cabe la reflexión de que, aunque los jueces deben ser ajenos a fuerzas externas al caso que juzgan, muchos terminan siendo susceptibles a la opinión pública. Por ello, un complemento necesario al fortalecimiento de los jueces es el fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento de las leyes del país, principalmente de la Constitución Política de la República.