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Esperábamos construir un Estado de derecho con ayuda de la CICIG, pero no logramos el objetivo, según el índice de Estado de derecho.
Quizás era iluso pensar que un organismo internacional, al cual erguimos como juez de jueces, y al cual entregamos un cheque en blanco, se ocupara de instaurar un Estado de derecho duradero en el país. Estado de derecho no es sinónimo de perseguir selectivamente a políticos, civiles y empresarios. No es activismo jurídico. No consiste en aprobar mil y una leyes e intentar hacerlas valer. No es un modelo, ni una ideología, ni una solución que proclama vencedores y derrotados. No se enfoca exclusivamente en la corrupción ni en la violencia, aunque ciertamente sirve de antídoto a estos dos males. No abona a estrategias políticas enfundadas en aparente legalidad. Estado de derecho es algo más profundo y toral, que pasa por una reforma concienzuda de nuestro sistema de justicia, y que los guatemaltecos debemos acometer a la mayor brevedad.
Primero que nada, ¿qué sí es Estado de derecho? Para ir aterrizando el concepto, sirve el marco aportado por el World Justice Project a través de su índice de Estado de derecho. Es deplorable la calificación de Guatemala. Se nos evalúa con una escala de 0 al 1, siendo 1 el punteo más alto, en ocho aspectos: claros límites a los poderes del Gobierno (0.54), ausencia de corrupción (0.35), orden y seguridad (0.49), garantías a los derechos fundamentales (0.55), apertura del Gobierno (0.58), cumplimiento de las regulaciones (0.35), acceso a la justicia civil (0.35) y sistema de justicia criminal efectivo (0.30). En criminalidad, Guatemala ocupa la casilla 104 de los 113 países medidos. El Gobierno no rinde cuentas. No se suele sancionar a las autoridades por violar la ley, y los poderes del Ejecutivo no son efectivamente limitados por los otros poderes del Estado o instancias no gubernamentales.
Luego de años de contar con la CICIG en el país, nuestros indicadores bajaron en vez de mejorar. La percepción de corrupción se incrementó. El acceso a la justicia civil y criminal también ha empeorado desde el 2011, lo cual quiere decir que los guatemaltecos no somos servidos justicia pronta, imparcial y certera. De todos los organismos evaluados, el Legislativo es el que peor calificación recibe en términos de corrupción, pero también son altos los niveles en el Organismo Judicial y en el Ejecutivo, incluyendo las fuerzas de seguridad encargadas de perseguir actos criminales. Se aduce que dicha corrupción, los procedimientos engorrosos, la ignorancia y barreras de idioma constituyen trabas a la justicia civil. El sistema penitenciario falla. Seguimos la tendencia latinoamericana hacia los contrastes: a pesar de avances en garantías personales y apertura política, la corrupción y la percepción de impunidad nos hunden.
El citado índice es perfectible, pero es un esfuerzo académicamente serio. Las grandes dimensiones del Estado de derecho se desagregan en 52 subfactores para formar más de 400 variables. La información se recaba entre el público en general (1000 encuestados por país) y expertos locales.
Una contribución del índice es que dibuja la meta, siguiendo la amplia directriz de Aristóteles, quien intuyó que «el único Estado estable es aquel en el cual todos los hombres son iguales ante la Ley». Guatemala vivirá en un Estado de derecho cuando las mismas leyes rijan sobre todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo a las autoridades, y cuando nuestros derechos fundamentales sean protegidos por reglas claras, conocidas, estables y justas. Además, serán eficientes, accesibles y justos los procesos para aprobar, ejecutar y hacer valer las leyes. Todos los actores involucrados en el sistema de justicia nos brindarán un eficiente y certero acceso a la justicia.