¿Existen agendas globalistas? – Parte I

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Por Juan Pablo Gramajo Castro

Las opiniones expresadas en este espacio no necesariamente reflejan la postura del Instituto Fe y Libertad y son responsabilidad expresa del autor.

En tiempos recientes se ha hablado sobre una “agenda globalista” a la que se atribuyen diversos objetivos, orígenes y modos de operar. Otros, en cambio, niegan su existencia. Vale la pena repasar el tema para formarse criterio al respecto.

El episodio más reciente que lo puso sobre la mesa fue la visita del politólogo argentino Agustín Laje al Congreso de la República para impartir la conferencia El impacto de la agenda globalista en la cultura y política de Guatemala, facilitado por la Asociación la Familia Importa (AFI).

Según una nota sobre el evento, al inaugurarlo el presidente del Legislativo dijo que la agenda globalista busca imponer el totalitarismo por etapas, destruir las naciones independientes, el matrimonio y la vida espiritual, reivindicando la diferencia y el colectivismo frente a la centralidad de la persona humana. Se refirió a la quema del Palacio Legislativo en medio de las protestas contra la aprobación del Presupuesto 2021 en noviembre del año pasado como ejemplo de los resultados a que conduciría tal agenda, la cual –afirmó– levanta un falso discurso sobre encaminarnos a ser un Estado fallido, pues su finalidad es socavar al Estado.

Esto debe llevarnos a una primera reflexión y sano escepticismo, pues apunta hacia una posible instrumentalización del discurso en beneficio de intereses políticos a través de generalizaciones, inexactitudes u omisiones. Desde luego, siempre habrá políticos y aliados que adopten discursos con fines egoístas, y hablar ante el Congreso no necesariamente convierte al conferenciante en cómplice. Pero sí hace aún más necesaria una reflexión crítica por parte del público sobre temas que de por sí son complejos e importantes. 

El presidente del Congreso no contextualizó sus aseveraciones. El incendio del Congreso es un hecho que aún no se ha terminado de esclarecer, en el que, según otras informaciones, pudo haber mediado cooperación interna como medio para deslegitimar las protestas. Estas ocurrieron porque el presupuesto establecía prioridades que a amplios sectores parecieron inadecuadas en medio de una pandemia y crisis económica, y fue aprobado con sospechosa opacidad y precipitación, sin discusión, en horas de la madrugada.

Además, se produjo luego de un año en que con ocasión de la pandemia se aprobó un inmenso endeudamiento público de 1,890 millones de dólares, cuyos resultados no han sido visibles ni reportados con transparencia. Quizá lo más notorio en la opinión pública sea, por ejemplo, que el gobierno prometió construir varios hospitales temporales, algunos con capacidad de hasta 3,000 camas. Más de un año después, eso sigue sin existir.

La pandemia también hizo más notorios algunos aspectos profundamente antiliberales del Estado de Guatemala, desde el abuso de estados de excepción (que ya desde sus primeros días, antes de la pandemia, la administración actual había empezado a usar –y sigue usando– como herramienta ordinaria de seguridad), hasta ver cómo personas de escasos recursos o mujeres indígenas eran capturadas y despojadas de su mercadería por supuestamente vender durante toque de queda, mientras que una fiesta clandestina de clase media alta (donde posiblemente también hubo consumo de licor por menores de edad) apenas fue pacíficamente disuelta por la policía, sin captura alguna en flagrancia, permitiendo a sus participantes jactarse de haber “salido fresh”. 

Fue un año en que el sector público no dejó de percibir una sola mensualidad de sus sueldos (incluyendo el del presidente mejor pagado de América Latina y diputados que hasta cobran Bono 14 y aguinaldo sin razón lógica de existir), mientras miles de pequeños y medianos empresarios y trabajadores del sector privado enfrentaron el cierre, la suspensión, la quiebra o la pérdida del trabajo.

Estos factores y otros incidieron en un grave y no injustificado descontento de amplios sectores de la población. Todos conocemos por experiencia directa que las manifestaciones de noviembre reunieron a personas de amplia diversidad ideológica y política, no limitadas a una supuesta “agenda” ni movidas exclusivamente por ella. El descontento nacional sigue aumentando, además, ante la evidente incapacidad de gestionar la provisión y administración de vacunas, incluyendo vergonzosas escenas en días recientes contrarias a la salud y dignidad de adultos mayores.

¿De qué centralidad de la persona humana puede hablarse ante tal realidad? ¿Qué mayor socavamiento necesita un Estado que ha demostrado dolorosamente las graves falencias en su capacidad (o voluntad) de accionar? ¿Cómo es posible querer imponer el totalitarismo al mismo tiempo que socavar al Estado? 

Si hemos de resistir a cualquier “totalitarismo por etapas”, no podemos dejar de reconocer algunos signos alarmantes en un gobierno que hace uso indiscriminado de estados de excepción, ejerce o tolera la brutalidad contra manifestantes, la intimidación a periodistas, la falta de transparencia, el gasto público no prioritario en vez de atender graves emergencias de salud pública y desastres naturales, en un presidente que públicamente grita iracundo a interlocutores que de manera respetuosa le manifiestan sus puntos de vista.

Debemos ser muy escépticos –por decir lo menos– de una clase política que adopta ciertos discursos como parte de su negación, indolencia o auto-justificación ante realidades evidentes, dolorosas e inaceptables del país, independientemente de las medidas concretas que cada quien estime más aptas para remediarlas. 

En cuanto a la “agenda globalista” el conferencista dijo que no es una teoría de conspiración, sino que la ONU ha indicado expresamente que la pandemia debe aprovecharse para generar una gobernanza mundial, con relación a la llamada Agenda 2030. A su criterio, ello requiere destruir lealtades nacionales que permiten defender la soberanía, y que los globalistas también buscan destruir lealtades familiares y religiosas, pues estas tres lealtades protegen contra los excesos del poder político. Se enfocó específicamente sobre el feminismo, el movimiento LGBTIQ+ y el aborto como componentes de la “agenda globalista” que buscaría llevar al mundo hacia el totalitarismo.

Por su parte, el autor español-estadounidense César Vidal en su reciente libro Un mundo que cambia: Patriotismo frente a agenda globalista (2020) indica que esta tendría tres objetivos (página 104): (i) “acabar con las naciones como entidades independientes y soberanas y con las culturas sobre las que están basadas”; (ii) “apoderarse de sus riquezas fáciles de saquear”; (iii) “la imposición de una política antifamiliar que permita reducir drásticamente la población y privar de defensas a los individuos”; todo ello unido a una ofensiva “contra el cristianismo (…) en la medida en que presenta una escala de valores contraria a ese despotismo universal”. Los “dogmas” de esta agenda serían el calentamiento global, la ideología de género, la reducción de la población y la defensa de la inmigración ilegal.

Agustín Laje probablemente se refería al documento titulado Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. No he encontrado en la página de la ONU la referencia que indicó sobre aprovechar la pandemia para generar una gobernanza mundial. El documento en sí se refiere a ella únicamente en su objetivo 16.8: “Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial”. Tales instituciones existen desde hace muchos años dentro del sistema de la ONU, y lo que la Agenda 2030 incluye es que los países en desarrollo amplíen y fortalezcan su participación. 

No parece, entonces, que la gobernanza mundial sea una idea nueva surgida de la pandemia, ni que se esté buscando imponerla a los países. Antes bien, hay que recordar que la Asamblea General de la ONU se integra por representantes de los estados miembros. En el caso de Guatemala, el entonces vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria participó en la cumbre de 2015. Incluso Jimmy Morales, que como presidente adoptó un fuerte discurso soberanista y también dijo oponerse a “una agenda global burocrática”, lideró personalmente la delegación de Guatemala para la cumbre de seguimiento a la Agenda 2030. Estas no son, pues, decisiones de burócratas internacionales, sino ejercicios de la soberanía de los estados en el plano internacional. 

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