¿Confiamos en el gobierno grande?

8 minutos

Por Samuel Gregg 

Traducido por Carroll Rios de Rodríguez para el Instituto Fe y Libertad

Publicado en National Review el 24 de mayo 2021 en https://www.nationalreview.com/2021/05/in-big-government-we-trust/

Las opiniones expresadas en este espacio no necesariamente reflejan la postura del Instituto Fe y Libertad y son responsabilidad expresa del autor.

Nos debe preocupar lo que la creciente popularidad del gobierno grande, y el incremento en las expectativas sobre lo que el gobierno debe hacer, indica sobre las actitudes y creencias de muchos estadounidenses.

A los estadounidenses les encanta el Estado. Por lo menos eso indican importantes encuestas de opinión de finales del año pasado, con hasta un 54 por ciento de los entrevistados reaccionando positivamente a comentarios tales como «el gobierno debe hacer más por resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la gente». Recientemente, una encuesta de Gallup reveló que una ligera mayoría de las personas que se autoidentifican como independientes expresaron una preferencia por agrandar al gobierno, por primera vez desde el 2001.

En algunas instancias, muchos conservadores están de acuerdo. Una reciente encuesta de Economist/YouGov estableció que casi el 40 por ciento de los republicanos en general dicen estar anuentes a «apoyar un gasto público mayor, aún si ello implica subir impuestos». Ese número se dispara entre conservadores jóvenes, con un 74 por ciento de los republicanos menores de 45 años asintiendo a dicha afirmación.


En emergencias nacionales, no sorprende que las personas quieran que el gobierno haga más. Así,  podría ser tentador ver estos números como un resultado de las preocupaciones por el COVID. El problema con esta tesis es que el número de estadounidenses que favorecen gobiernos más grandes ha ido en aumento desde el 2010.

Indistintamente de cómo leemos este tipo de encuestas, nos hemos alejado bastante del discurso inaugural de Ronald Reagan, de 1981, en el cual declaró que «en la presente crisis, el gobierno no es la solución sino nuestro problema; el gobierno es el problema». Y no podemos dejar de mencionar el discurso del Estado de la Unión de 1996, de Bill Clinton, el cual proclamaba que «se acabó la era del gobierno grande». Incluso algunos conservadores han insistido en los últimos cinco años que el gobierno necesita, entre otras cosas, jugar con las políticas proteccionistas e industriales para afectar el juego económico, utilizar el estado administrativo para ingeniarse un decisivo rompimiento con las preferencia de los Fundadores por el gobierno limitado, ordenar la representación del obrero (es decir, de los cabecillas de los sindicatos) en las juntas directivas de corporaciones, o simplemente, distribuir más dinero de forma más directa a más familias.

El actual enamoramiento de dichos conservadores con el poder político en manos de expertos y de un estado activista, no difiere mucho del de los progresistas estadounidenses, quienes favorecen políticas públicas similares. Sin embargo, la creciente opción preferencial por el gobierno a lo ancho del espectro político también sugiere que algunos estadounidenses han perdido de vista ciertas verdades sobre la naturaleza del gobierno y sus límites.

Una de estas verdades es que, mientras el gobierno ciertamente tiene responsabilidades particulares (seguridad nacional, estado de derecho, el poder policíaco, una red mínima de asistencia social, un sistema monetario estable, etc.), el estado no es especialmente proficiente cuando se dirige a una gama de problemas sociales y económicos. De hecho, las intervenciones gubernamentales con frecuencia empeoran la situación. Ese seguramente es el mensaje central que debemos deducir de, por ejemplo, la historia y el legado de los programas de la Gran Sociedad, de Lyndon Johnson.

Una segunda lección es que el fracaso de las intervenciones gubernamentales rara vez obliga a sus arquitectos y ejecutores a cambiar de parecer, o siquiera a considerar si el problema pudiera ser mejor atendido por organizaciones no estatales.  Por cada Daniel Patrick Moynihan o Michael Novak, quienes repiensan sus premisas fundantes, hay 200 Bernie Sanders que insisten que el programa fracasó porque no recibió suficiente financiamiento desde el principio, o porque no se delegó el poder suficiente en los expertos como para hacer un buen trabajo. El fracaso, entonces, se convierte en una razón más para negar los errores, para empecinarse en el error, y para construir imperios burocráticos.

Esto nos trae al tercer hecho olvidado: la mera dificultad de desmantelar los programas fracasados y las burocracias gubernamentales que tienen un interés creado en mantenerlos en funciones. La teoría del análisis de las decisiones públicas tiene sus límites, pero uno de sus discernimientos es que el funcionamiento de los incentivos y del interés propio no están confinados a la economía. La naturaleza humana no cambia simplemente porque trabajas para el gobierno en Washington, D.C..

Pero, en un nivel más profundo, también nos debería preocupar lo que indican las crecientes expectativas sobre el gobierno respecto de las actitudes y las creencias de muchos estadounidenses. ¿Podría ser que los estadounidenses están perdiendo de vista esas mejores luces, que nos hablan de la responsabilidad personal hacia los más necesitados, y que confirman que no hay nada particularmente virtuoso en delegar nuestras obligaciones a un estado que no es especialmente bueno para atender muchas de las causas profundas de la pobreza, como la desintegración familiar, la adicción o el consumo de estupefacientes?

O, ¿podría ser que algunos estadounidenses están cada vez más dispuestos a conformarse con la mediocridad del despotismo suave del cual nos advirtió Alexis de Tocqueville? Por esto, quiero decir la dinámica política según la cual las personas votan por políticos que prometen usar el poder del gobierno para dar a los ciudadanos todo lo que ellos quieren. La clase política dice que cumplirá sus promesas, siempre y cuando las personas hagan cualquier cosa que el gobierno indique sea necesario para proveer a cada quien su preferencia. La suavidad del despotismo consiste en que las personas renuncian, voluntaria y progresivamente, a sus libertades.

Existe una tercera posibilidad: que el estado sea considerado, por lo menos por algunos estadounidenses, como una forma de acomodar un mundo en el cual todos los problemas de la existencia humana sean, de alguna forma, resueltos de una vez por todas. La tentación utópica nunca se retira del todo, a pesar de la evidencia sobre el destino que nos deparan las políticas utópicas. Algunas personas jamás aceptarán que ni la política ni el estado pueden abolir el error, la fragilidad y el sufrimiento humanos, y mucho menos responder a las preguntas últimas sobre la vida.

Todas estas posibilidades deberían recordarnos porqué sigue siendo tan importante proteger y avanzar el gobierno limitado por la constitución, una sociedad civil dinámica y una economía de mercado. Y es que la gran fortaleza de este proyecto es que refleja el realismo sobre la condición humana: que somos libres, creativos y también falibles; razonables pero también llevados por pasiones; capaces de profunda simpatía hacia los demás, pero también motivados por el interés propio.

Estos días, muchos estadounidenses aparentemente se resisten a reconocer las consecuencias políticas y económicas de tales verdades. Pero negar la verdad, especialmente la verdad sobre la naturaleza humana tiene una forma de regresar a perseguirnos. Si una creciente preferencia por más acción gubernamental se traduce en políticas públicas, será considerable el precio que pagaremos más adelante. La pregunta es si, cuando lleguemos a ese punto, un número suficiente de estadounidenses se percatará o se inmutará.