La iniciativa 5257, sobre las ONG

Por Carroll Rios de Rodríguez | [email protected] 

¿Quién no vio el #NoAla5257 en Twitter? ¿A qué viene tanto revuelo? 

El 11 de febrero, tres diputados colaron en la agenda legislativa la votación por artículos de la iniciativa de ley 5257, la cual introduce reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo (Decreto Ley 02-2003). Este decreto está vigente desde marzo del 2003 y fue aprobado por el congreso liderado por el General Ríos Montt.  

Algunos sorprendidos diputados protestaron la maniobra, entre ellos, Sonia Gutiérrez (Winaq), Samuel Pérez (Semilla), y Evelyn Morataya (Bien). No solo objetan la forma sino el fondo: el aparente atropello a las libertades civiles y políticas de los guatemaltecos.  

Originalmente, la iniciativa de reforma fue planteada en 2017 por el representante de San Marcos del partido FCN-Nación, Christian Gabriel González. La propuesta recibió un dictamen favorable de la Comisión de Gobernación del Congreso en enero y marzo del 2018. Dijeron que ayudaría a combatir la corrupción. Pasó la primera y segunda lecturas en el pleno del Congreso ese mismo año.

El proyecto de reforma ha sido analizado por abogados y otros comentaristas desde el 2017, con muy pocos endosos. En agosto del 2018, Edgar Ortiz elaboró un interesante análisis del proyecto de ley, en el cual eleva la preocupación sobre las restricciones a la libertad de asociación. El Licenciado Ortiz hace ver que «los artículos 19 y 25 de la iniciativa en cuestión dan la facultad al Ministerio de Gobernación para cancelar las ONG bajo supuestos muy laxos». Con un acuerdo ministerial pueden disolver una ONG, sin que sus miembros tengan posibilidad de defensa. Son escasos los motivos que tiene que ofrecer la autoridad ministerial para disolver una ONG; la frase «contrarias a la ley y al orden público» es ambigua y hasta peligrosa.

Ayer se llevó a cabo, parcialmente, algo que había sido intentado a principios del 2019: la lectura por artículos y su aprobación en tercera lectura. El año pasado, pegaron el grito al cielo cinco ONG de derechos humanos: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Guatemala Human Rights Commission (GHRC), OXFAM América y Robert F. Kennedy Human Rights. Estas organizaciones declararon que la iniciativa «facilita espacios para la intervención del Estado en la labor de las organizaciones, dejándolas en clara vulnerabilidad para seguir desarrollando la defensa de derechos humanos de manera independiente».

No cabe la menor duda que hay ONG de ONG.  Las peores son fachadas para hacer fortunas ilícitas, engañar o defraudar a la población o a las autoridades. Algunas justifican actos terroristas y abiertamente quebrantan la ley. Algunas promueven idelogías que minan la institucionalidad republicana y democrática del país, como por ejemplo, el marxismo-leninismo en todas sus versiones tropicales. Algunas frenan el desarrollo económico oponíendose a la inversión extranjera, a la propiedad privada, a la libertad de contratación y más. Otras quieren destruir a la familia. Otras invitan a los supuestos beneficiarios a sentirse víctimas impotentes y fomentan la dependencia de la industria paternalista de la pobreza. Sin embargo, ya existe legislación suficiente contra actos como el fraude, el chantaje, la extorsión, la agresión y la criminalidad violenta. No necesitamos limitar aún más la libertad de expresión y asociación para castigar aquellos actos reñidos con la ley. 

Por otra parte, las ONG buenas, que contribuyen al florecimiento humano de los guatemaltecos, gracias a sus aportes educativos o médicos, o enseñando a emprender, o haciendo investigación, o difundiendo sus valores religiosos, o haciendo mil cosas más, escasamente pueden soportar el costo de más regulaciones. Por un lado, aquellos que han detectado una carencia y tienen un genuino afán de servicio, quieren dedicarse a su llamado. No deben tener que pasar meses o hasta años para tramitar permisos y licencias en cinco o seis agencias y dos ministerios, ni tienen los recursos para rendir informes regulares (incluso si no ha cambiado nada en su organización) a burócratas que ostentan el poder arbitrario de decidir qué es altruista y qué no lo es, y que pueden censurar su trabajo sin realmente comprenderlo.  Estas buenas ONG suelen invertir hasta el último centavo de los fondos a su disposición para llevar a cabo su misión, pero si pasan las reformas al decreto 2-2003, tendrían que desviar recursos humanos y financieros hacia la defensa contra la extracción de rentas por parte de los entes gubernamentales.


Decreto Vigente (2-2003)Reforma propuesta en 2017
(iniciativa 5257)
Art. 2:
Son ONG «las constituidas con
intereses culturales,
educativos, deportivos, con
servicio social, de asistencia,
beneficencia, promoción y
desarrollo económico y social,
sin fines de lucro»
«…de promoción y desarrollo social o cualquiera otra siempre y cuando
sea de naturaleza altruista y dirigida por personas con intereses
comunes y con objetivos claros de beneficio social, cuyos beneficiarios
sean personas diferentes a los miembros de la institución, sin fines de
lucro, que surgen en el ámbito local, nacional o internacional,
autónomas, sin injerencia estatal o gubernamental en sus decisiones,
aunque su trabajo se desarrolle en campos en donde el Estado tenga
responsabilidades…»
Art. 2 Inscritos en el Registro
Civil Municipal
correspondiente.
Inscritos en el Registro Nacional de Personas (Renap).
Art. 3 En su constitución
deben plasmar sus
finalidades, y deben incluirse:
«desarrollo de carácter social,
económico, cultural y de
ambiente».
«desarrollo de carácter social, cultural, ambiental, benéfico, educativo,
deportivo y cualquiera otra que sea de naturaleza altruista».
Art. 7 Las ONG podrán contar
entre sus asociados hasta un
25% de extranjeros
Las ONG podrán contar entre sus asociados hasta un 15% de extranjeros.
Art. 10. Inscripción. «Las ONG
para obtener responsabilidad
jurídica deberán inscribirse
en el Registro Civil de la
cabecera municipal del lugar en que constituyan su
domicilio».
«…deberán inscribirse en el Registro Nacional de las Personas (Renap),
así como en la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT)
en la Secretaría de planificación y programación de la presidencia
(Segeplan), en la Contraloría General de Cuentas de la Nación y en
cualquiera de las instituciones gubernamentales con las cuales pudiera
tener relación por razón de su accionar, con la finalidad de solicitar las
licencias de operación correspondientes si fuera el caso».
Art. 11 Dentro de un plazo de
treinta días posteriores a la
inscripción de la ONG, «los
registradores civiles
municipales…deberán enviar al
Ministerio de Economía un
aviso que contenga» todos los
datos relevantes de la ONG. 
«El Ministerio de Economía
llevará un registro de las ONG
inscritas en todo el país; las
cuales están obligadas a
informar y actualizar
semestralmente la
información e
inmediatamente cuando
procedan cambios de la
información reportada».
«El Registro Nacional de Personas (Renap), dentro de los treinta días
siguientes a la inscripción de una ONG, deberán enviar a los Ministerios de Gobernación y de Economía un aviso que deberá contener»
todos los datos relevantes de la ONG. «Ambos Ministerios de Estado
llevarán un registro de las ONG inscritas en todo el país,
independientemente que ya el Ministerio de Gobernación debe
de tenerlo por ser el ente encargado de su autorización,
para que semestralmente en los meses de junio y diciembre de
cada año se les informe acerca de las actualizaciones de las
modificaciones efectuadas en cada una de ellas, debiendo
responsabilizarse de las modificaciones efectuadas. Dicho informe
deberá presentarse por parte de las ONG aunque no se hayan
realizado cambios durante el período correspondiente, los cuales
deberán presentarse obligatoriamente durante toda la vigencia de la
ONG».
Art. 12 Entidades extranjeras. 
Las ONG extranjeras se
pueden registrar en el
Registro Civil de Guatemala,
«quedando obligadas a llevar
contabilidad y someterse a las
leyes y tribunales de la
República de Guatemala».
Las ONG extranjeras «deberán solicitar su inscripción en el
Registro Nacional de Personas (Renap) del Municipio y
Departamento de Guatemala, así como en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y en la Procuraduría General de la
Nación…»
Art. 14. Las ONG llevarán su
contabilidad en libros
legalmente aceptados y
habilitados por la
Superintendencia de
Administración Tributaria
(SAT).
Se incluye la posibilidad de llevar los libros de forma
electrónica.
Art. 15 Donaciones. Las ONG
deben extender al donante
«recibos que acrediten la
recepción de las donaciones,
en formularios autorizados
por la SAT».
El recibo se debe hacer en un formulario autorizado por la SAT pero
además hay que «informar a la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia dentro de los
treinta días siguientes a su recepción, acerca de las
cantidades recibidas, procedencia y destino, con la finalidad
de rendir cuentas a las entidades correspondientes».
Art. 16 Fiscalización.
«Sin perjuicio de su propia
unidad de auditoría interna, las
ONG serán fiscalizadas por la
Contraloría General de
Cuentas, y para el efecto deberán
proporcionar la
información y documentación
que ésta les requiera».
«Sin perjuicio de los informes contables llevados por su propia
auditoría interna, las ONG serán fiscalizadas por la CGC y para el
efecto deberán proporcionarle toda la información y
documentación que ésta le requiera. Las ONG que reciban
recursos provenientes del presupuesto General de Ingresos y
egresos del Estado tienen la obligación de efectuar sus
compras por medio del sistema de Guatecompras del
Ministerio de Finanzas Públicas. De ser solicitado por alguna
de las entidades gubernamentales en donde estén inscritas, se
deberá de contratar una Auditoría externa para establecer
el buen manejo de los recursos».
Art. 17. Manejo de fondos. Las ONG
«podrán depositar sus fondos en el
Banco de Guatemala o en los bancos
del sistema nacional debidamente
autorizados para operar en el
país».
«Depósito y manejo de sus fondos. Las ONG deberán
obligatoriamente depositar y manejar sus fondos en el Banco de
Guatemala o en los bancos del sistema nacional debidamente
autorizados para operar en el país».
Art. 18. Prohibición de distribuir
dividendos. Las ONG…«podrán
realizar todas las operaciones de
lícito comercio que permitan las
leyes y en tal forma podrán obtener recursos
que deberán utilizar únicamente para el cumplimiento de sus fines».
Las ONG «podrán realizar todas las operaciones de lícito comercio
que permitan las leyes y en tal forma podrán
obtener recursos que deberán utilizar únicamente para el
cumplimiento de sus fines y de conformidad con la licencia o
autorización extendida por la entidad rectora, de
conformidad a los fines de su creación».
Art. 20. Liquidación. Para liquidar la
ONG, esta debe cumplir con
requisitos varios incluyendo
«presentar al Registro Civil de la
cabecera municipal correspondiente
la documentación de la ONG para
cancelar su inscripción».
Para liquidar la ONG, esta debe «presentar a las oficinas centrales del
Registro Nacional de Personas (Renap) y a las demás entidades
gubernamentales ante quienes se inscribió, la documentación de la
ONG con la finalidad de que se proceda a la cancelación de su
inscripción».

Foto: República.