Por Carroll Rios de Rodríguez

Enviado para publicación en ContraPoder

¿Es la corrupción el principal problema que impide el desarrollo de los guatemaltecos?

Se palpa el bajón en la economía. La Junta Monetaria y el Banguat han ajustado su predicción de crecimiento económico, pues a finales del año pasado estimaron que la economía crecería entre 3 y 3.8%, pero ahora calculan que crecerá entre 2.8 y 3.2% nada más. Muchos sienten los efectos de esta desaceleración en carne propia: menos clientes, menos ingresos, despidos, proyectos frenados, fuga de capital y de cerebros, y más.

En las encuestas, los ciudadanos dicen que sus principales preocupaciones son de índole económica, como por ejemplo el desempleo, así como el problema de la violencia. Todos conocemos a personas que han sido asaltadas en plena luz del día. Sabemos de negocios pequeños y medianos que sufren o quiebran por las extorsiones. Éstos y otros crímenes afectan directamente el bolsillo y la salud mental y física de muchos ciudadanos, y suelen quedar impunes. Estos problemas desvelan más a la población que la corrupción gubernamental.

De allí la importancia de un informe que recién sacó UFM Market Trends. El economista Daniel Fernández resume algunos de los resultados de dicho informe en su artículo titulado  “Más allá de la corrupción; 3 grandes razones que impiden el crecimiento económico en Guatemala.” (16-IX-18)

Fernández afirma que la economía guatemalteca crece por debajo de su potencial debido a la falta de ahorro. La tasa de ahorro nacional es “bajísima”, afirma. En Guatemala, la tasa de ahorro media entre 1977 y 2014 es de 12.3%, mientras la media mundial es casi el doble.  Además, no hemos sido capaces de captar “ahorro externo”, es decir, inversión extranjera directa. Datos provistos por el Banco de Guatemala (Banguat) confirman lo dicho por Fernández: desde el 2014 la inversión extranjera indirecta muestra una tendencia a la baja. Es preferible invertir en países con reglas claras y con menos obstáculos y regulaciones.

Los derechos básicos y la propiedad de las personas y de las empresas suelen no ser protegidos adecuadamente por el gobierno de Guatemala; la prevención y el castigo de abusos cometidos por terceros es deficiente. Según datos provistos por World Economic Forum, la violencia y el crimen le cuesta más a los empresarios hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que a los empresarios en el resto de América Latina. Adicionalmente, el Estado no protege a la ciudadanía de atropellos cometidos por el propio gobierno. El World Justice Program mide las restricciones a las autoridades políticas en cada país. “En seguridad contra las instituciones del propio Estado, Guatemala se coloca en el puesto 122 de 185 países,” escribe Fernández.

El sistema de justicia tampoco es capaz de brindar un juicio justo a las empresas. El Índice de Estado de Derecho da un punteo alrededor de 0.7 a Europa Occidental y Norteamérica en la eficacia de la justicia civil y criminal, en tanto el punteo de Guatemala es de 0.35 para la justicia civil y un poco más de 0.3 para la justicia criminal. Además, la justicia en Guatemala es lenta. Cuando un contrato es violado, por ejemplo, la justicia estadounidense dirime el asunto en 420 días, mientras que en Guatemala se tarda 1,400 días o más. “La atracción de ahorro externo y la acumulación de capital no ocurrirán hasta que tengamos un Estado eficiente en su labor fundamental; proteger la vida y propiedad de sus ciudadanos,” concluye Fernández.

La confrontación política entre los gobernantes electos y sus partidarios, y las facciones pro-CICIG, no ayuda en lo más mínimo a resolver la problemática de fondo de los guatemaltecos. Ahuyenta aún más la inversión y genera una tensa incertidumbre que mata los sueños de mejora de muchos compatriotas trabajadores.

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Foto por Melissa Pérez

© 2018 Instituto Fe y Libertad Guatemala, Guatemala 01010

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