Por Karen Cancinos

 

Pareciera que los congresistas pretenden aniquilar las nociones más elementales del Derecho.

Esa monstruosidad jurídica, la iniciativa 4826 que dispone aprobar una llamada Ley de la Juventud, lo deja a uno perplejo. Es grave la pasmosa facilidad con que los diputados hacen terrorismo jurídico al aniquilar con sus ocurrencias las nociones más elementales del Derecho. Para muestra un par de botones.

Artículo 2. La ley de marras tiene entre sus objetivos “proteger y promover los derechos y deberes de la juventud”. Pura palabrería. Excepción hecha de los menores de edad, los jóvenes (personas de hasta 29 años según la misma iniciativa) no tienen derechos que no tengamos el resto de guatemaltecos, ni deberes de los cuales los demás estemos exentos. Por otra parte, es una tontería meter en el mismo saco a niños que empiezan la adolescencia con adultos que rozan los treintena, y pretender aplicar “políticas públicas de desarrollo integral” que atiendan sus “problemas y necesidades”, como si se tratase de un grupo homogéneo.

Artículo 3.  Establece como “juventud en situación especial” a quienes “cuya situación social, económica, física, mental, cultural y legal les impide o limita el pleno goce de sus derechos” (énfasis añadido). Empecemos con que los derechos no “se gozan”. Se ejercitan en tanto facultades que nos asisten por ser personas. Está claro que los menores necesitan padres o tutores que gestionen sus derechos pues aún no pueden hacerlo ellos mismos. Pero a partir de los 18 ningún adulto, por joven que sea, requiere “una ley” que lo faculte a ejercer sus derechos de libertad (política, de conciencia, de elección de profesión u oficio, residencia y forma de vida) y de propiedad (uso y disposición de lo habido de manera legítima).

Son solo dos botones de muestra del terrorismo jurídico con que quieren obsequiarnos. Que hay docenas en los 30 artículos de la iniciativa 4826, es algo que puede constatar cualquier guatemalteco que no se dedique a la política sectaria, el parasitismo oenegero o el cuasi periodismo. Afirmar que “jóvenes exigen ley que los beneficia” o “jóvenes exigen más espacios y derechos” es activismo deshonesto. Ni se trata de “los jóvenes” sino de integrantes de grupos organizados, ni tales afirmaciones son títulos de notas periodísticas sino opinión disfrazada de noticia.

Me pregunto a qué se refieren los diputados que redactaron esto al decir que situaciones “sociales, económicas o culturales” impiden o limitan el ejercicio de los derechos de las personas.

¿Qué “situación social” haría algo así? De seguro ser delincuente o marero. Por supuesto que violentar los derechos ajenos acarrea como consecuencia que al perpetrador de delitos se le restrinja el ejercicio de sus propios derechos. Pero para eso justamente existe el Estado: para apartar a los antisociales.

¿Qué “situación económica” impediría o limitaría el ejercicio de los derechos de las personas? El aprieto económico es una cosa y la condición de ciudadano libre y en pleno uso de las propias facultades es otra. Todos pasamos dificultades en alguna época de la vida, pero eso no nos convierte en parias fuera del amparo de la ley.

¿Qué “situación cultural” impediría o limitaría el ejercicio de los derechos de las personas? En primer lugar, todos tenemos cultura si la entendemos como el contexto social en el que nos desenvolvemos (cultura no es sinónimo de refinamiento, sofisticación o mundanería). El que la cultura propia sea indígena o mestiza, rural o citadina, costeña o del altiplano, resulta completamente contingente al hecho de nuestra condición de sujetos de Derecho. En segundo lugar, la cultura propia es un rasgo, no una causal ni una predicción de comportamiento. Es verdad que ciertos entornos culturales favorecen el desarrollo de ciudadanos respetuosos de la ley, y otros que lo obstaculizan. Pero de ahí a incentivar que cualquiera se proclame “joven en situación especial” esgrimiendo su particular “cultura” hay mucho trecho.

En resumen, la iniciativa 4826 no debe ser aprobada. Por absurda. Y por cara para los contribuyentes con el aparato burocrático que propone. Como si necesitásemos otro reducto de politicastros buenos para nada, como no sea esquilmar a la ciudadanía productiva.

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